La UCO registra los domicilios de la expresidenta de ADIF y del exdirector de Carreteras
La Guardia Civil está haciendo estos registros en el marco de la investigación por el 'caso Koldo'

La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera a su llegada al Tribunal Supremo / Rodrigo Jimenez (EFE)

Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que lleva la parte del caso Koldo que no se encuentra en el Supremo, ha ordenado a la UCO el registro de los domicilios de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector General de Carreteras Javier Herrero que supuestamente habrían participado en el año de adjudicaciones a favor de la trama en el Ministerio de Transportes. Los agentes ya han finalizado los registros, que permanecen bajo secreto de sumario.
La UCO sitúa a Isabel Pardo de Vera como la puerta de entrada para el amaño de contratos de ADIF del caso Ábalos. Los investigadores han acreditado que la expresidenta de ADIF concedió un contrato de emergencia de casi 600.000 euros a una de las constructoras de la trama por recomendación de Koldo García.
La primera implicación de Pardo de Vera en la trama está recogida en el informe de la UCO del pasado 5 de junio. Se refiere a una conversación que mantiene con Koldo en enero de 2019 en la que el exasesor de Ábalos le comparte "una imagen con los resultados de las ofertas presentadas para una licitación de obra ligada al proyecto de construcción de la línea de alta velocidad en Extremadura" para pedirle que la viera.
El documento era una fotografía enviada a Koldo por un directivo de Acciona y que se quejaba de que otra empresa había logrado mayor puntuación en una adjudicación de lo que "se infiere", deduce la Guardia Civil, que "debiera haber sido adjudicada a Acciona, y el hecho de no materializarse habría generado descontento en Koldo".
Además, en noviembre de 2020, Koldo mantiene una conversación con la expresidenta de Adif en la que le pide con insistencia una adjudicación, a lo que se negó Pardo de Vera.
La Guardia Civil considera que el papel del exdirector de Carreteras también fue decisivo para la adjudicación presuntamente amañada de contratos públicos para determinadas empresas.