Se suspende la declaración de dos exaltos cargos y un asesor del gobierno de Ayuso como imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia
Carlos Mur, quien puso la firma a los 'protocolos de la vergüenza', Francisco Javier Martínez Peromingo, quien le sucedió en el cargo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso, estaban citados este lunes

El geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo (i) a su llegada a los juzgados en Madrid. / SERGIO PEREZ (EFE)

Madrid
Los exaltos cargos del ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, han acudido este lunes para declarar como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia. Sin embargo, se ha suspendido la sesión debido a que algunas partes de la causa no han recibido toda la documentación.
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Los tres han acudido al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid: los dos primeros, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, como encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el gobierno regional.

Dos exaltos cargos y un asesor del gobierno de Ayuso declaran como imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia.

Dos exaltos cargos y un asesor del gobierno de Ayuso declaran como imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia.
Es la primera vez que tienen que ir a un juzgado como investigados los exaltos cargos relacionados con los llamados protocolos de la vergüenza que impedían que los mayores que estaban en residencias cuando saltó la pandemia de coronavirus fuesen derivados a un hospital.
El exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño ha sido recibido al grito de "vergüenza" y "7.291" a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, cuando ha acudido a declarar como imputado. Burgueño ha dicho a los medios que "en esta España las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio".
Así se ha expresado a su llegada a los juzgados, donde este lunes presta declaración como imputado, al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerados los autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020.
Al llegar a la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla ha sido recibido con gritos de familiares de los fallecidos, y una mujer le ha dicho: "Señor Burgueño, ¿no tiene nada que decir? Esta era mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir? ¿Alguna vez van a decir algo", mientras que otros han clamado: "Digan la verdad. Tenéis que ser valientes y señalar".

Dos exaltos cargos y un asesor del gobierno de Ayuso declaran como imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia.

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Familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en la pandemia han desplegado una pancarta en recuerdo de las 7.291 víctimas.
Carmen López, de Marea de Residencias, ha dicho que espera "justicia con mayúsculas", y ha señalado que el hecho de que hayan sido llamados como investigados "es un hito diferente" a lo que se ha visto hasta ahora en la búsqueda de justicia por parte de los familiares, que llevan reclamándola desde el 11 de mayo de 2020 cuando se presentaron ante estos juzgados las primeras querellas de Marea de Residencias.
Dos días después, el 13 de mayo, fue cesado Carlos Mur, que fue "la primera cabeza de turco" de esta "barbaridad" que se hizo en la Comunidad de Madrid, ha recordado Carmen López.
"Esperamos que este señor al ser investigado no arriesgue su pellejo y tanto él como Peromingo y Burgueño apunten a los máximos responsables que son los que dieron esas órdenes para que ellos elaborasen y firmasen los protocolos de no derivación de ancianos de residencias a hospitales de marzo y abril de 2020, que son la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero", ha señalado.
A los juzgados han llegado también Mur y Martínez Peromingo, aunque este último ha accedido al edificio por la calle Poeta Joan Maragall para evitar hacer declaraciones.

Dos exaltos cargos y un asesor del gobierno de Ayuso declaran como imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia.

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Causa reabierta
El juzgado de instrucción número 3 ha reabierto la causa después de haberla cerrado y a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una Fiscalía que recibió el pasado mes de octubre una denuncia colectiva de más de cien familias que perdieron a los suyos en una residencia en lo peor de la pandemia.
La denuncia se dirigía contra altos cargos del gobierno de Ayuso por denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, un delito castigado en el artículo 511 del Código Penal.

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Las familias esperan que los investigados cuenten cuál fue la implicación del consejero de Sanidad y de la presidenta madrileña en las decisiones que se tomaron.