La "locura" de las presiones y amenazas de la Púnica para cobrar comisiones en Ayuntamientos
Dos responsables comerciales de Cofely confiesan cómo los consistorios implicados les forzaban para cobrar 'mordidas' a cambio de adjudicar los contratos. Uno de ellos desarrolló un trastorno de estrés postraumático
La Audiencia Nacional comenzó en abril el juicio por una de las piezas de la trama de corrupción Púnica, la que afecta a la empresa Cofely y en la que se juzga, entre otras personas, a ocho exalcaldes de localidades madrileñas / FERNANDO VILLAR (EFE)
Madrid
Dos responsables de Comercial de Cofely entre 2012 y 2014 acusados en el caso Púnica han dicho en el juicio que recibieron presiones y amenazas de alcaldes y concejales, la mayoría del PP de la Comunidad de Madrid, para cumplir sus compromisos por la adjudicación a la empresa de contratos, como el pago de comisiones.
"Era una auténtica locura a todos los niveles", han coincidido en señalar ambos acusados -los entonces director del Departamento Comercial de Cofely, Constantino A.C., y responsable de Mercado Público del mismo, Pedro G.P.- al referirse a la situación que vivieron en la empresa cuando amañaron con ayuntamientos la adjudicación de contratos de servicios energéticos a cambio de comisiones y dádivas.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio de la pieza de Cofely del caso Púnica, en el que se sientan en el banquillo 36 acusados, entre ellos nueve exalcaldes, la mayoría del PP y de localidades de la Comunidad de Madrid.
Son objeto de la causa adjudicaciones a Cofely por los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
Se trata de José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
Trastorno de estrés postraumático crónico por las presiones
En la sesión de este lunes ha seguido declarando Pedro G.P., que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años y dos meses de prisión si bien ha pactado con las fiscales confesar los hechos a cambio de una pena menor.
Pedro G.P. ha relatado que recibió presiones desde los ayuntamientos implicados para se cumpliera "todo lo comprometido", lo que le llevó a sentirse superado por la situación y a pedir su dimisión, y que a consecuencia de todo esto le han diagnosticado un trastorno de estrés postraumático crónico, y ha manifestado su arrepentimiento.
En la anterior sesión del juicio Pedro G.P. ya dijo que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a exigir 600.000 euros de comisión para conseguir la adjudicación del contrato, una cantidad que luego renegociaron en los tres casos.
Cofely se infiltró en los ayuntamientos
Este lunes también ha declarado el que fuera su superior en Cofely, Constantino A.C., que igualmente ha confesado los hechos a cambio de reducir la petición de pena para el de las fiscales, de 14 años y cinco meses de cárcel.
Constantino A.C. ha explicado que Cofely contrató al también acusado David Marjaliza por la red de influencia que tenía en las administraciones públicas y que permitió a la empresa infiltrarse en los ayuntamientos y obtener información privilegiada reservada para conseguir las adjudicaciones.
David Marjaliza es un empresario de la construcción arrepentido, exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
Constantino A.C. ha confesado el pago de comisiones y dádivas a cargos y funcionarios de ayuntamientos y ha recordado que "el primer caso brutal" que le llegó fue el de Parla, en el que Marjaliza les dijo que había que pagar 600.000 euros para conseguir el contrato.
"Las presiones que recibió Pedro G.P. por parte de todos para cobrar dinero, para resolver problemas y para conseguir más contratos era insoportable y al final reventó y se quebró", ha corroborado Constantino A.C..
